Imagínese despertar mañana y descubrir que su centro de salud comunitario cerró, que la ayuda con tareas para sus hijos desapareció, o que ya no existe apoyo para conseguir un trabajo o una vivienda digna. Eso es lo que enfrentan cientos de miles de personas en Puerto Rico si colapsa el ecosistema de organizaciones sin fines de lucro (OSFL), cuya sostenibilidad está hoy gravemente amenazada de quedarse sin fondos federales.

El Estudio de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) de 2022, realizado por Filantropía Puerto Rico y Estudios Técnicos, refleja que alrededor de 700,000 personas reciben servicios de estas entidades. Esto equivale a una de cada cinco personas, quienes acceden a servicios esenciales como salud, educación, servicios sociales, cultura y deportes. A lo largo de los años, las OSFL se han consolidado en Puerto Rico como colaboradoras del Estado en la ampliación de servicios, especialmente en comunidades impactadas por el empobrecimiento, la violencia comunitaria y otras condiciones sociales.

Actualmente, estas organizaciones enfrentan una coyuntura compleja debido a los cambios impuestos por el gobierno federal. En días recientes, entidades del tercer sector como Urban Institute, Hispanic Federation, CASA y Grupo Nexos compartieron datos y experiencias sobre cómo estos cambios afectan el financiamiento y, por ende, los servicios a las comunidades.

El análisis reveló que un 67 % de estas organizaciones en Estados Unidos está en riesgo de no poder sostener sus operaciones si se detiene el flujo de fondos gubernamentales. En el caso de Puerto Rico, la cifra se eleva al 84 %. En este mismo escenario, el déficit operativo proyectado para las organizaciones locales alcanzaría casi un 31 %.

No podemos mirar estos datos sin cuestionarnos qué significan para un país donde el 40 % de la población vive bajo el umbral de pobreza. Muchas de las personas que dependen de los servicios de las OSFL son familias lideradas por mujeres y adultos mayores, con niños y jóvenes, así como personas con condiciones de salud o que enfrentan consumos problemáticos de sustancias.

La mayoría de estas organizaciones operan con estructuras mínimas y sin garantías de continuidad. De hecho, el estudio de las OSFL de 2022 reporta que el 27 % ha enfrentado problemas de flujo de caja por los retrasos en el desembolso de fondos. Entre aquellas que reciben fondos gubernamentales, esta cifra aumenta a 44 %. Aun así, su presencia es constante: están en escuelas, residenciales, barrios y centros de salud, entre otros espacios.

Su impacto va mucho más allá de proveer servicios. Emplean aproximadamente a 12.7 millones de personas en Estados Unidos, lo que representa alrededor del 10 % del empleo en el sector privado.

Estos datos no revelan una nueva realidad de precariedad. Lo que ha cambiado es la magnitud del riesgo. Estamos ante el posible colapso de un ecosistema que sostiene gran parte del bienestar colectivo del país. Las organizaciones sin fines de lucro, en muchas instancias, constituyen el andamiaje con el que las comunidades acceden a una vida más digna.

Instamos al gobierno y al sector privado a insertarse en la búsqueda de soluciones, aportando con sus recursos a la continuidad de un sector que resulta vital para Puerto Rico.

Publicado originalmente por El Nuevo Día.