Columnas de Opinión

En los últimos años ha surgido iniciativas internacionales que promueven apoyar los esfuerzos dirigidos a mejorar el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. Una de las iniciativas liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados en 2015 con el interés de aunar estrategias sistémicas entre y dentro de los países para eliminar la pobreza, las desigualdades sociales, tomar medidas para la protección de los recursos naturales y lograr un mundo sostenible para el 2030. Los ODS son 17 que cuentan con 169 indicadores interdependientes que buscan no dejar a nadie atrás. Este pacto entre países constituye una serie de acciones que persiguen alcanzar la transformación que tanto merecemos.

Como parte del llamamiento universal de la ONU, Puerto Rico ha iniciado distintas estrategias para analizar lo que tenemos y lo que nos falta en términos de políticas y servicios para alcanzar los ODS. El Informe Local Voluntario de Puerto Rico 2023 presentado por Fundación Comunitaria de Puerto Rico recoge uno de estos esfuerzos. Algunos de los problemas destacados en el informe y visibilizados en diversos estudios son los asuntos que afectan el bienestar como, por ejemplo, el empobrecimiento, el aumento de las desigualdades sociales, la falta de acceso y disponibilidad a servicios de salud integral y el detrimento de la educación de alta calidad tanto a nivel primario como superior, entre otros. Todas estas cuestiones están interrelacionadas con los ODS.

Específicamente, debemos enfatizar el primer objetivo de los ODS que propone poner fin a la pobreza. Puerto Rico queda rezagado, con el 43% de la población general viviendo bajo el umbral de pobreza, según datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud (2023). Nos aleja aún más de este objetivo saber que 55% de la población infanto-juvenil vive bajo el umbral de pobreza. El empobrecimiento tiene implicaciones adversas en el desarrollo positivo de la población infanto-juvenil y sus familias, y afecta los derechos humanos. Los factores estructurales que perpetúan la pobreza (sin ser exhaustivos) están relacionados con peores resultados en la salud de la gente, limitado acceso a una vivienda adecuada, alimentación no nutritiva, problemas en el aprovechamiento académico e incluso barreras para obtener un trabajo con una remuneración justa que permita un sustento para sí mismo y la familia.

Es apremiante aplicar medidas que atiendan los factores de empobrecimiento que aumentan la vulnerabilidad en la niñez, la juventud y sus familias las cuales generalmente son lideradas por mujeres. A tenor con el primer objetivo, urge implementar en Puerto Rico políticas y programas que apoyen el cuidado infanto-juvenil y que respalden a las madres en el proceso de crianza y desarrollo económico.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las responsabilidades sociales relacionadas al cuidado familiar afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a su vez perjudica su participación en el mercado laboral. Sobre esto, el Estudio de Necesidades de la Mujer Trabajadora (2022) elaborado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico reporta que el 47 % de las mujeres necesitan un centro de cuidado para sus hijos, dependientes y/o familiares, enfatizando que el 63% lo requieren para sus hijos en edad escolar y el 37% en edad preescolar. Estos datos nos informan que es fundamental la comprensión y atención a los retos a los que se enfrentan las mujeres con el interés de apoyar el desarrollo socioeconómico de las familias.

Estamos en un buen momento para revisar y analizar críticamente los ODS y explorar la manera que podemos aportar a partir de nuestro lugar de acción. Para alcanzar un país que garantice la justicia social, la igualdad y la paz son imprescindibles las acciones multinivel tanto del Estado, el tercer sector y ciudadanía. No olvidemos que las transformaciones sociales también se logran de abajo hacia arriba.