Un nuevo enfoque para el bienestar familiar
Puerto Rico se convirtió recientemente en el primer territorio estadounidense en tener un plan de prevención aprobado para el bienestar infanto-juvenil que se alinea con la política pública federal conocida como Family First Prevention Services Act. Más allá de ampliar la capacidad de recobro del gobierno estatal al gobierno federal, ¿qué implica esto para nuestras familias, niñez y juventud?
En principio, la adopción del plan implica una transformación del sistema para ofrecer servicios que han probado ser efectivos en la preservación de las familias, utilizando intervenciones basadas en evidencia e informadas en trauma. Estos servicios se enfocan en atender aspectos de salud mental, problemas relacionados al consumo de sustancias, la promoción destrezas de crianza, así como apoyo y acompañamiento a parientes cuidadores.
Las prácticas basadas en evidencia son intervenciones científicamente probadas como efectivas y apropiadas para la problemática que se desea atender en una población particular. La selección de prácticas basadas en evidencia para el plan de Puerto Rico favoreció intervenciones relevantes y apropiadas para nuestro contexto cultural y lingüístico. El acercamiento informado en trauma procura que las organizaciones, sistemas, programas y servicios tomen en consideración el impacto que tienen las experiencias traumáticas. Además, reconoce los signos y síntomas del trauma en las personas, familias, fuerza laboral, proveedores de servicios y otros involucrados en el sistema de bienestar, mientras procura activamente evitar la re-traumatización.
Veamos esto en un ejemplo hipotético: el Departamento de la Familia interviene con una familia luego de recibir una querella. Evalúa la situación y determina que los menores no se encuentran en peligro por lo que estos se mantienen en su hogar. La familia es referida a un plan de prevención que incluye terapias individuales y familiares. Dicho plan tomará en consideración el efecto del trauma en esa familia, por ejemplo, el trauma intergeneracional de los padres con relación al maltrato. El plan de terapia utilizará una o varias intervenciones basadas en evidencia para fortalecer las destrezas de crianza, así como cualquier otra área de necesidad que se identifique.
Como parte del plan aprobado, Puerto Rico proveerá cinco intervenciones basadas en evidencia a tenor con los requisitos federales. Estas intervenciones serán ofrecidas a través del Departamento de la Familia e incluyen Fundamentos de Crianza, Entrevista Motivacional, Terapia Familiar Breve y Estratégica, Terapia Familiar Funcional y el Programa de Apoyo al Pariente Cuidador. Estos servicios permitirán expandir los recursos disponibles para atender a la niñez, la juventud y sus familias. Se espera que se continúen ampliando con la implementación del plan de prevención.
Los estudios demuestran que cuando la niñez y juventud permanecen en un núcleo familiar, ya sea con sus padres, con parientes cuidadores u hogares de crianza, tienen un desarrollo más saludable. Esta transformación favorece ese acercamiento y lo complementa con intervenciones que han demostrado ser efectivas para promover el bienestar. De esta manera, nuestras familias recibirán servicios de prevención y preservación familiar efectivos, mientras se amplían las colaboraciones entre el Departamento de la Familia y los proveedores de servicios en comunidad.
(Publicado originalmente en la sección de Opinión de El Nuevo Día.)
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Vídeo: Estudio de caso sobre desarrollo de capacidades
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Proyecto de educación en salud lanza herramienta para fortalecer destrezas de crianza
El libro fotográfico ofrece dinámicas para ayudar a los padres, madres o cuidadores a conectar con sus hijos adolescentes.
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[Opinión] Crucial el cuidado infantil y juvenil para erradicar la pobreza
En los últimos años ha surgido iniciativas internacionales que promueven apoyar los esfuerzos dirigidos a mejorar el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. Una de las iniciativas liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados en 2015 con el interés de aunar estrategias sistémicas entre y dentro de los países para eliminar la pobreza, las desigualdades sociales, tomar medidas para la protección de los recursos naturales y lograr un mundo sostenible para el 2030. Los ODS son 17 que cuentan con 169 indicadores interdependientes que buscan no dejar a nadie atrás. Este pacto entre países constituye una serie de acciones que persiguen alcanzar la transformación que tanto merecemos.
Como parte del llamamiento universal de la ONU, Puerto Rico ha iniciado distintas estrategias para analizar lo que tenemos y lo que nos falta en términos de políticas y servicios para alcanzar los ODS. El Informe Local Voluntario de Puerto Rico 2023 presentado por Fundación Comunitaria de Puerto Rico recoge uno de estos esfuerzos. Algunos de los problemas destacados en el informe y visibilizados en diversos estudios son los asuntos que afectan el bienestar como, por ejemplo, el empobrecimiento, el aumento de las desigualdades sociales, la falta de acceso y disponibilidad a servicios de salud integral y el detrimento de la educación de alta calidad tanto a nivel primario como superior, entre otros. Todas estas cuestiones están interrelacionadas con los ODS.
Específicamente, debemos enfatizar el primer objetivo de los ODS que propone poner fin a la pobreza. Puerto Rico queda rezagado, con el 43% de la población general viviendo bajo el umbral de pobreza, según datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud (2023). Nos aleja aún más de este objetivo saber que 55% de la población infanto-juvenil vive bajo el umbral de pobreza. El empobrecimiento tiene implicaciones adversas en el desarrollo positivo de la población infanto-juvenil y sus familias, y afecta los derechos humanos. Los factores estructurales que perpetúan la pobreza (sin ser exhaustivos) están relacionados con peores resultados en la salud de la gente, limitado acceso a una vivienda adecuada, alimentación no nutritiva, problemas en el aprovechamiento académico e incluso barreras para obtener un trabajo con una remuneración justa que permita un sustento para sí mismo y la familia.
Es apremiante aplicar medidas que atiendan los factores de empobrecimiento que aumentan la vulnerabilidad en la niñez, la juventud y sus familias las cuales generalmente son lideradas por mujeres. A tenor con el primer objetivo, urge implementar en Puerto Rico políticas y programas que apoyen el cuidado infanto-juvenil y que respalden a las madres en el proceso de crianza y desarrollo económico.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las responsabilidades sociales relacionadas al cuidado familiar afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a su vez perjudica su participación en el mercado laboral. Sobre esto, el Estudio de Necesidades de la Mujer Trabajadora (2022) elaborado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico reporta que el 47 % de las mujeres necesitan un centro de cuidado para sus hijos, dependientes y/o familiares, enfatizando que el 63% lo requieren para sus hijos en edad escolar y el 37% en edad preescolar. Estos datos nos informan que es fundamental la comprensión y atención a los retos a los que se enfrentan las mujeres con el interés de apoyar el desarrollo socioeconómico de las familias.
Estamos en un buen momento para revisar y analizar críticamente los ODS y explorar la manera que podemos aportar a partir de nuestro lugar de acción. Para alcanzar un país que garantice la justicia social, la igualdad y la paz son imprescindibles las acciones multinivel tanto del Estado, el tercer sector y ciudadanía. No olvidemos que las transformaciones sociales también se logran de abajo hacia arriba.
Publicado originalmente por El Nuevo Día.
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Adiestramiento en modelo de terapia familiar funcional
Este tipo de intervención centrada en la familia se usará en Puerto Rico con la transformación de los servicios de prevención y preservación familiar.
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Pobreza infantil: ¿A qué aspiramos?
Para que las soluciones sean efectivas, se requiere un esfuerzo multisectorial, en el que se trabaje a distintos niveles y que se sostenga a través del tiempo, afirma Marizaida Sánchez-Cesáreo.
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Entidades reciben subvención federal de $6 millones para atender la pobreza infantil e inequidad en la salud
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Innovadora iniciativa de investigación comunitaria recibe subvención de $6 millones para combatir las disparidades de salud provocadas por la pobreza en Puerto Rico
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Estudio promueve el uso de prácticas basadas en evidencia entre profesionales de la salud mental en Puerto Rico
Las prácticas basadas en evidencia son métodos de tratamiento o prevención que han sido exitosos en estudios clínicos o comunitarios. Maximizan la relación costo-eficacia y la posibilidad de éxito en el cuidado de la salud mental, pero la mitad de los profesionales de este campo en Puerto Rico no saben cómo implantarlas.
Un nuevo estudio publicado por Natalia Giraldo Santiago, investigadora posdoctoral en el Hospital General de Massachusetts, evaluó las necesidades y actitudes de los profesionales de la salud mental en la isla en cuanto al uso de las prácticas basadas en evidencia. Sus resultados sugirieron que la mayoría de los trabajadores sociales, psicólogos y consejeros encuestados favorecían su uso, pero que factores socioeconómicos y culturales pudieran ser barreras en su implantación.
Giraldo Santiago, quien se formó como trabajadora social en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, emprendió el estudio en respuesta al problema urgente de salud mental en el país. En Puerto Rico, el 19% de las personas padece de problemas de esta índole y el 24%, de uso y abuso de sustancias.
Las prácticas basadas en evidencia son “como una guía para ayudar a los proveedores a dar un cuidado igualitario, un cuidado de calidad a todas las personas afectadas”, destacó la investigadora.
“Si uno reconoce la responsabilidad ética que uno tiene, las competencias que debe mostrar, tiene el uso de prácticas basadas en evidencia bien presente y sale bien natural”, expresó, por su parte, Patricia Landers Santiago, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.
Según el estudio de Giraldo Santiago, el 75% de los profesionales de la salud mental percibió las prácticas basadas en evidencia como aptas para la población puertorriqueña, pero el 51% no sabía cómo accederlas y el 44% no había recibido educación en el año previo sobre su uso.
Encontró, también, que la población puertorriqueña encuestada era menos favorable al uso de prácticas basadas en evidencia en comparación con muestras estadounidenses e internacionales analizadas por otros investigadores.
Entonces, si estas prácticas son tan efectivas, ¿por qué no son generalizadas?
Parte tiene que ver con los requisitos de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408-2000). Aunque el estatuto promueve el uso de prácticas eficaces y rigurosas, permite, en el caso de tratamientos de adicción por parte de organizaciones de base comunitaria, el uso de prácticas “históricas, tradicionales y ordinarias” que no necesariamente han sido probadas científicamente.
Lili Sardiñas, miembro del Evidence-Based Working Group manejado por el grupo Nexos, explicó que la transición de prácticas tradicionales a prácticas basadas en evidencia puede ser complicada. “Cuando se introdujeron las prácticas basadas en evidencia, había mucha resistencia porque uno está acostumbrado a hacer las cosas de su manera”, dijo, “pero esto es normal”.
Con el tiempo, Sardiñas notó un aumento en los proveedores de fondos que requerían el uso de estas prácticas para financiar un proyecto y, por lo tanto, en el número de profesionales que las utilizaban.
Aun así, incluso cuando los profesionales tengan la voluntad, “no recibir un buen salario les limita”, señaló Giraldo Santiago. “Es difícil movernos en la dirección de usar estas prácticas cuando hay más de un 40% con dos, tres, cuatro trabajos. La gente no tiene la capacidad de moverse hacia esa dirección”.
Adoptar una práctica basada en evidencia requiere tiempo y esfuerzo considerables. Hay que buscar entre cientos de opciones para encontrar la práctica más adecuada para el paciente, leer manuales y tomar lecciones para entender cómo implantarla y, en muchas ocasiones, adaptar un estudio hecho en una población estadounidense para los boricuas.
El Grupo Nexos mantiene el Archivo PBE, el cual reúne descripciones detalladas de 562 prácticas basadas en evidencia para facilitar el acceso de los profesionales a estas. Su base de datos contiene los manuales traducidos al español.
“La adaptación de estas prácticas a Puerto Rico es superimportante”, enfatizó. “Hay que considerar el lenguaje, la religión, todos los factores socioeconómicos”.
Afortunadamente, esta adaptación está ocurriendo a nivel del campo y del país. “La psicología ahora está tratando de abrirse a recursos de Latinoamérica, de otros países, para que nosotros hagamos una psicología criolla”, añadió Landers Santiago. “Que la psicología sea puertorriqueña para los puertorriqueños y las puertorriqueñas”.
Tanto las expertas entrevistadas como la mayoría de los profesionales encuestados ven las prácticas basadas en evidencia como necesarias para esta psicología puertorriqueña.
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